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El Jurado rechazó por unanimidad la denuncia contra la jueza Fernández PDF Imprimir Correo electrónico
De interés general

El Jurado de Enjuiciamiento rechazó por unanimidad, la denuncia presentada contra la jueza civil Susana Ethel Fernández por parte de Antonio Corredera, Ilda Palacios y Santiago Abel Corredera, con el patrocinio de la abogada Rosa Mercedes Arosteguichar.

Los denunciantes le habían imputado a la titular del Juzgado en lo Civil, Comercial y de Minería N° 1 de Santa Rosa, la causal de mal desempeño de sus funciones, por una presunta deliberada violación de normas de orden público y reiterada denegación de justicia.

El Jurado, compuesto por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Hugo Oscar Díaz, los diputados provinciales Alicia Susana Mayoral y Abel Sabarots y los abogados de la matrícula Verónica Varela Opizzo y Daniel Gregorio Diez, no halló fundamentos para avanzar con el proceso y por esorechazó la denuncia.

Esta había sido ingresada por los Corredera y Palacios el 1 de febrero pasado. El punto central del cuestionamiento a Fernández fue que mandó a inscribir el 50 por ciento del inmueble partida N° 544.414 (confitería La Recova) a nombre de los herederos de Angel Manuel Ortiz Cereceda.

Los denunciantes le atribuyeron a Fernández la responsabilidad establecida en los artículos 21 inciso 1) y 22 incisos 2) y 3) de la ley provincial 313 de Jurado de Enjuiciamiento. El artículo 21 inciso 1) habla de mal desempeño de funciones como causal de remoción, mientras que el artículo 22 delimita ese mal desempeño. Así, el inciso 2) habla de
“incumplimiento reiterado de los deberes inherentes al cargo” y el inciso 3) de “incompetencia o negligencia reiterada, demostrada en el ejercicio del cargo”.

Sin el requisito de la reiteración

“En primer lugar, concierne reparar que el escrito ofrecido no contiene argumentos independiente de cada causal que se le reprende a la magistrada, y en este punto privó al Jurado de un cabal conocimiento de todos aquellos aspectos que los presentantes pudieron haber tenido en cuenta para concretar la denuncia”, sostuvo el Tribunal.

“Ambos incisos del artículo 22 exigen el requisito de la reiteración, lo que no resulta dable de observarse en el escrito que se analiza, y ello amerita desestimar la imputación; pues el mal desempeño exige una muy prudente apreciación de las circunstancias del caso y un apego extremo a lo prescripto por la ley 313 (…) Nótese que la única atribución de
responsabilidad directa que se denunció en relación a la jueza Fernández fue la de inobservancia de la ley nacional 17.801, artículo 23, y del decreto ley 483/68, artículo 35 inciso a) y reiterada denegación de justicia”, agregó.

“En cuanto a la inobservancia de esas normas se consideró que la jueza de primera instancia debió haber efectuado las mandas dispuestas por la normativa, previamente a ordenar la inscripción registral –remarcó el Jurado–. Ahora bien, tanto la ley nacional 17.801, como el decreto ley 483/68, resultan ser disposiciones legales dirigidas a los Registros de la Propiedad Inmueble existentes en cada provincia y en la Capital Federal (…) El artículo 23 de la ley, que se remarca como incumplido, dice: ‘Ningún escribano o funcionario público podrá autorizar documentos de transmisión, constitución, modificación o cesión de derechos reales sobre inmuebles, sin tener a la vista el título inscripto en el
Registro, así como certificación expedida a tal efecto por dicha oficina en la que se consigne el estado jurídico de los bienes y de las personas según las constancias registradas’”.

“Lo exigible a todo funcionario que debe adoptar una disposición respecto de la situación de un inmueble, no es más que los recaudos tomados por la jueza Fernández, quien contó con el informe registral, tal como se reconoce en la propia denuncia –añade la resolución– (…) Mayores exigencias a una jueza de primera instancia en lo civil podría resultar un exceso ajeno a la naturaleza de sus funciones judiciales (…) Por consiguiente, si el Registro incurrió en un error de asiento, como lo manifestaron los denunciantes, ello no
puede ser atribuible a la jueza, pues escapa a sus funciones controlar, analizar o disentir con los datos concretos que surjan del informe de dominio; debiendo estar a lo informado por el Registro de la Propiedad Inmueble”.

Análisis de los expedientes civiles.

Más adelante, el Tribunal señaló que “en cuanto a la atribuida denegación de justicia, todas las razones dadas en el escrito ameritan adelantar su rechazo. Este aspecto no resiste otro análisis diferente del ámbito estrictamente procesal civil (…) No obstante, a fin de realizar el máximo conocimiento que permite alcanzar en esta instancia el acotado margen de la ley 313, y en razón del contenido de la denuncia, el Jurado resolvió solicitar los expedientes civiles en trámite e informes pertinentes respecto de actuaciones nombradas en el escrito inicial”.

“De la compulsa de la causa civil se observa que efectivamente fue la jueza Fernández quien dictó el decreto, mediante el cual mandó a inscribir el inmueble partida Nº 544.414. Ahora bien, también se observa que tal decisión encontró apoyo en el informe recibido por el Registro de la Propiedad  Inmueble (…) Aquí es donde resulta dificultoso poder enlazar los hechos denunciados con la pretendida atribución de responsabilidad funcional de la magistrada (…) De varios pasajes de la propia presentación se puede leer la atribución de los presentantes al Registro de la Propiedad Inmueble de un error en el asiento registral del inmueble partida Nº 544.414”, indicaron los
jurados.

“Una discrepancia procesal”

Tras repasar los argumentos textuales de los denunciantes, el cuerpo concluyó que “la denuncia postula la existencia de un error registral en relación al inmueble en cuestión, empero no explica la responsabilidad que ello pudiera generar en la magistrada; hasta incluso se observa que le atribuyeron a los herederos de Ortiz Cereceda la intención de haber usado tal error en desmedro de los presentantes (…) En este sentido es oportuno recordar que la Corte Suprema de Justicia, mediante reiterada jurisprudencia sostuvo que, el enjuiciamiento de magistrados debe fundarse en hechos graves e inequívocos o en presunciones serias, que sean idóneas para formar convicción sobre la falta de rectitud de
la conducta o de capacidad del magistrado imputado para el normal desempeño de la función”.

“En virtud de todo lo considerado no puede dejar de advertirse que los denunciantes discrepan con el accionar procesal de la jueza Fernández –resaltó el Tribunal–. Si bien ello es absolutamente aceptable desde la óptica defensiva y desde sus intereses particulares, cierto es también que resulta claramente ajeno al ámbito de entendimiento y resolución de este Jurado (…) Es necesario precisar que no es misión del Tribunal de Enjuiciamiento expedirse sobre el acierto o error de las sentencias de los jueces denunciados,
como así tampoco de las actuaciones procesales que los jueces ejecuten en el marco del desarrollo del proceso”.

“No puede ignorarse que lo que –en definitiva– provoca el pedido de destitución de la magistrada es una acto procesal de primera instancia, susceptible de ser revisado y remediado por las subsiguientes instancias procesales, provinciales y nacionales; como así también ser objeto de otros procedimientos de naturaleza administrativa que posibilitan la impugnación de los asientos registrales o el inicio de demanda originaria contencioso administrativa, tal como efectivamente sucedió. Pues ello revela que esas son las vías adecuadas para perseguir las decisiones pretendidas por los denunciantes”, concluyó el Jurado de Enjuiciamiento.