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El STJ va a 25 de Mayo y profundiza su política de acceso a la justicia PDF Imprimir Correo electrónico
De interés general

El Superior Tribunal de Justicia sigue dando pasos hacia adelante en su política de profundización de acceso a la justicia y acercamiento a la ciudadanía. En esta oportunidad uno de sus ministros, José Roberto Sappa, estará entre el lunes 15 y el miércoles 17 en 25 de Mayo recibiendo una serie de declaraciones testimoniales en el marco de demandas contencioso-administrativas.

La decisión de ir a la localidad oesteña, en este caso a través del ministro Sappa, está directamente vinculada con la obligación que tiene el Poder Judicial de facilitarle ese acceso a los pampeanos, más aún en este caso si se tiene en cuenta las dificultades de traslado –incluyendo gastos– que tendrían los testigos para acercarse hasta Santa Rosa.

La actividad del ministro no es un hecho aislado, sino un eslabón más en la necesidad de dar un cumplimiento cada vez más efectivo al precepto constitucional de igualdad ante
la ley –interpretado en un sentido amplio–y con la resignificación del concepto de acceso a la justicia, entendiéndolo como una prestación que debe ser oportuna, eficaz y eficiente, pero además asequible desde el punto de visto geográfico. De hecho, en los próximos días Sappa también se desplazará hasta La Humada para cumplir con trámites similares.

El otro eje que busca fortalecer el S.T.J. con estas acciones es el del acceso efectivo al servicio de justicia de las personas en condición de vulnerabilidad que, de acuerdo a
las Reglas de Brasilia, son quienes por razones de edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales encuentran dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.

Todo ello es un correlato con lo que viene ocurriendo con el Tribunal de Impugnación Penal, cuyos integrantes trabajan a diario en Santa Rosa pero viajan asiduamente a General Pico para presidir las audiencias de debate previstas en el artículo 410 del Código Procesal Penal, cuando los recursos de impugnación corresponden a legajos originados en la Segunda Circunscripción Judicial.

En esa misma dirección, el Superior Tribunal dictó el año pasado el acuerdo  que reglamentó el funcionamiento de las Oficinas Judiciales, y cuyo anexo III –referido a “pautas de actuación aplicables a las Audiencia de Juicio”– establece que “a efectos de la aplicación del artículo 325 del Código Procesal Penal, los jueces deberán tener especialmente en cuenta la posibilidad de disponer la realización de la audiencia en el lugar donde ocurrieron los hechos, cuando ello sea particularmente beneficioso para el comparendo de las partes, testigos, peritos o intérpretes, y para el buen desarrollo del debate”.

Una muestra concreta se dio el lunes pasado, cuando el juez Andrés Olié viajó a General Acha para realizar dos juicios orales –por abuso sexual y por privación
ilegítima de la libertad– y una audiencia de visu en el marco de un juicio abreviado. Esta modalidad se replicará de ahora en más con el resto de los jueces de audiencia de Santa Rosa y General Pico, que gradualmente irán a General Acha, Victorica y más adelante a 25 de Mayo.