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Impulsan la creación de juzgados de violencia de género PDF Imprimir Correo electrónico
De interés general

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La jueza de la Cámara de la Sala III en lo Civil y Comercial Federal y vocal titular de la Asociación Mujeres Juezas de la Argentina, Graciela Medina, afirmó que se está trabajando en “una ley modelo” para que en todo el país se abran “juzgados de violencia de género que abarquen las competencias civil y penal”, y añadió que esta iniciativa es compartida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Medina fue la primera disertante de la “Jornada sobre valoración y cuantificación del daño a la mujer víctima de violencia de género”, que organizaron el Superior Tribunal de Justicia y la AMJA a través del Centro de Capacitación Judicial. La actividad concluyó el viernes con la conferencia que brindó José Mendelewicz, prosecretario del Centro de Datos Informatizados de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Medina, una de las impulsoras de la creación de las Oficinas de Violencia Doméstica y de la Mujer en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia, expresó que la idea de crear tribunales de violencia de género apunta a que las víctimas no deban andar recorriendo distintos organismos para formular sus reclamos, aunque reconoció que “más allá del anhelo, es difícil implementarla”. Santiago del Estero y Salta son las dos provincias pioneras en este tema.

La especialista habló el jueves, en el Centro Judicial de Santa Rosa, ante unos 80 asistentes, entre ellos tres  ministros del STJ, Hugo Oscar Díaz, Elena Victoria Fresco y José Roberto Sappa.

Medina detalló que aunque “existe un incremento exponencial de las denuncias de violencia doméstica y violencia de género”, ello no se refleja en la cantidad de demandas de resarcimientos por daños que promueven las mujeres damnificadas.

“¿Cuáles son las causales de la falta de reclamos indemnizatorios? –se preguntó–. Una, la propia estructura de este tipo de violencia, que provoca en las denunciantes grandes miedos. Si de por sí existe miedo en denunciar, ni qué decir de hablar de daños”. También enumeró como factores negativos los plazos cortos de la prescripción, la aparición tardía de los daños y el desconocimiento de los legitimados a quién o quiénes reclamar.

En otro tramo de la charla, la disertante identificó a los responsables que pueden ser demandados. Obviamente, en primer lugar ubicó al agresor, aunque agregó, en el caso de los menores, a padres y madres por incumplir sus deberes de vigilancia. Y mencionó a las madres que “toleran agresiones del padrastro a sus hijos sin decir nada”.

En un segundo plano situó a escuelas y hospitales, ya que “están obligados a denunciar y a sabiendas no denuncian, por lo que contribuyen por omisión al agravamiento de los daños”. También sumó a la Iglesia y al propio Poder Judicial, dando ejemplos de sentencias donde ambas instituciones fueron condenadas.

Medina se refirió, como caso emblemático, a un fallo de la Cámara Civil y Comercial de Azul, que condenó a un padre –que había abusado de sus hijas, una sobrina y una amiga de ellas– a resarcir por daño moral a las víctimas y a su ex esposa. Esta última reclamó por el daño material derivado por la asistencia económica y manutención de sus hijos menores que debió afrontar sola, las privaciones económicas que debieron soportar y los traslados y mudanzas de domicilio que tuvieron que realizar obligadamente.

Destacó que los jueces marcaron un rumbo acercar de cómo cuantificar los daños al hablar de la “teoría de los placeres sustitutivos”, en alusión a que el dinero debía alcanzarle a las víctimas para adquirir bienes de confort y efectuar actividades placenteras. Y pidió que los resarcimientos no sean bajos porque “obligar a pagar 5.000 pesos por daño moral alcanza para comer cinco asados con amigos…”

Por su parte, Mendelewicz habló desde lo teórico y lo práctico sobre medidas de reparación, resiliencia y protocolo para juzgar con perspectiva de género. “No deben alarmarse ni creer que hacen todo mal porque todos estamos aprendiendo”, señaló. Y al referirse a un caso específico, ocurrido en Quilmes, sobre una mujer con retraso mental que había sufrido abusos reiterados por parte de su padre, remarcó que “cada uno actúa creyendo que hace lo correcto, aunque en ese proceso judicial después de tres años la Corte bonaerense remarcó los errores cometidos”, en alusión a que una de las primeras medidas del juez fue establecer una orden de restricción al victimario, cuando su hija vivía en el mismo terreno que él. “Obviamente que la primera medida debió ser sacar al agresor del lugar”, acotó.

En tal sentido, Mendelewicz resaltó que en esa resolución la Corte “introdujo un concepto muy novedoso como es el del interés superior de la víctima. Hasta ahí solo se hablaba del interés superior del niño”. El fallo tampoco marcó un punto de inflexión con respecto a la mirada de género.